Declaraciones del Premier muestran desconocimiento sobre el rol subsidiario del Estado

El Presidente del Consejo de Ministros ha anunciado que por el momento no es necesario modificar la constitución en lo que respecta al rol subsidiario del Estado.

La declaración preocupa por cuanto demuestra desconocimiento acerca de dicho rol. Y es que la función subsidiaria del Estado no se encuentra expresamente definida, ni, menos aún, tratada en forma integral en la Constitución peruana.

 

Contendría elevarse sobre la superficialidad de las opiniones y promover en la opinión pública una discusión seria sobre el sentido y los fundamentos del principio de subsidiariedad, el cual no debe limitarse a ser un mero impedimento ciego para las actividades empresariales estatales.

 

Una de las finalidades del criterio de la subsidiariedad consiste en promover y defender la dignidad de la persona, lo que incluye las libertades sociales de los cuerpos intermedios o grupos de interés en las que estas se manifiestan.

Antauro Humala y la violencia política

Fuente: Caretas

Ya no se puede soslayar el hecho de que la violencia destructiva de ciertas ideologías y la delincuencia  criminal, son las dos caras de una misma moneda; ambas provocan, por razones distintas, un mismo resultado: inseguridad ciudadana, muerte y destrucción. 

El caso de Antauro Humala es el ejemplo que nos da la coyuntura política actual, pero que se repite con actores distintos cada cierto tiempo. Esta vez vemos al radicalismo etnocacerista recibiendo las inexplicables condescendencias  de algunos miembros del gobierno actual y de adulones del régimen,  que plantean y justifican que este personaje vuelva a las calles. Una vez en libertad, nadie nos garantiza que Antauro Humala no reedite alguna aventura armada, sobre todo si tenemos en cuenta que mantiene su actitud belicosa y discurso extremista. Por otro lado, su excarcelación equivaldría al envío de un mensaje claro a otros caudillos políticos regionales con ideologías marxianas que hemos visto en escena recientemente.

Nosotros los ciudadanos renunciamos a nuestra potestad de defendernos, hacer justicia con nuestras propias manos y entregamos esta prerrogativa al Estado, que, con determinado marco jurídico ejerce estas funciones a través de la policía, el ministerio publico, el poder judicial, etc . Se supone que debemos confiar en que dichas tareas se cumplan responsable, eficiente y contundentemente para sancionar a quienes ciegan la vida de seres humanos, causan destrucción y caos. Si no se ejerce a cabalidad esta misión, lo único que se consigue es favorecer la impunidad y, en consecuencia, alentar e incentivar actos contra el orden social.

Si en una sociedad sus autoridades son permisivas, con actos que atentan contra la vida y el bienestar de sus miembros, ésta termina corroyéndose. Ningún acto criminal debe escudarse en reivindicaciones políticas, económicas o sociales. Una nación que admite la violencia como solución a sus problemas termina autodestruyéndose. Por  ello resulta evidente que el camino hacia el Bien Común es el ejercicio de la justicia, la libertad y la solidaridad y eso sólo se alcanza respetando el estado de derecho y la dignidad de la persona humana.